Con 93 votos a favor, la Asamblea Nacional resolvió instar al presidente de la República, Daniel Noboa, a implementar medidas inmediatas y concretas para abordar la grave situación de los pequeños mineros y mineros artesanales no regularizados en Ecuador.
La resolución también establece que, en un plazo de diez días, la ministra de Energía y Minas (e), Inés Manzano deberá comparecer ante el Pleno del Parlamento para informar sobre las acciones tomadas hasta la fecha y los resultados obtenidos en relación con la regularización del sector minero no formalizado.
Además, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales iniciará un proceso de fiscalización sobre el posible incumplimiento de la Ley Minera, especialmente en lo que respecta a la regularización de los mineros no formalizados. Este proceso de fiscalización tendrá una duración de 60 días, tras los cuales se elaborará un informe que será presentado al Pleno de la Asamblea.
De igual manera, solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, así como al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para investigar posibles omisiones o acciones que hayan contribuido al incumplimiento de la Ley Minera respecto a la regularización del sector.
En su intervención, la legisladora Andrea Rivadeneira, proponente de la moción, recordó que, durante las décadas de 1970 y 1980, la minería en la provincia de Zamora Chinchipe experimentó un crecimiento significativo que contribuyó al desarrollo económico de la región y del país. Sin embargo, señaló que los mineros ecuatorianos han sido desatendidos por los gobiernos sucesivos y que, a pesar de los esfuerzos por lograr la regularización, los compromisos asumidos por administraciones anteriores han sido en vano.
Rivadeneira expresó su frustración con la situación actual, señalando que, mientras las grandes empresas mineras y transnacionales reciben concesiones para explotar miles de hectáreas, los mineros artesanales continúan siendo perseguidos y olvidados. En este sentido, recordó que, recientemente, el Gobierno levantó un catastro en el Ministerio de Energía y Minas, lo que permitió la entrega de 45 mil hectáreas a una empresa minera australiana, mientras que, a los mineros locales, especialmente en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, no se les ha otorgado ninguna concesión.
Fuente: Asamblea Nacional
