El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 986, tramitó el segundo debate del proyecto de Ley de Reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que, entre otros aspectos, está encaminado a fomentar la transparencia en los procesos legislativos y garantizar que sean accesibles para la ciudadanía.
La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz dispuso que la propuesta regrese a la Comisión de Justicia para que analice las observaciones expuestas y en el plazo de 8 días presente el texto final para la votación.
“Para cumplir las tareas que la Constitución y la Ley encomienda a la Asamblea Nacional es necesario que la norma que regula la Función Legislativa garantice un trabajo ágil, eficiente, transparente e incluyente”, subrayó Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y ponente del informe.
La propuesta reforma las decisiones del Pleno de la Asamblea. En este aspecto, si en el cálculo del número de votos requeridos para cada mayoría el resultado no es un número entero, se entenderá que el número requerido es el número entero inmediato superior solamente si el decimal es igual o mayor a 5.
Se reforma el artículo 9, referente a las atribuciones del Pleno y se incluye que no podrá resolver sobre proyectos de resolución o acuerdos que pretendan respaldar o resaltar las actuaciones de las autoridades de la administración pública subordinadas al control político y fiscalización.
En otro tema, se establece que las autoridades del Estado y funcionarios públicos convocados a comparecer ante la Asamblea, al culminar sus intervenciones no podrán retirarse a fin que respondan las preguntas de los legisladores de manera obligatoria.
El Pleno de la Asamblea podrá proceder sobre la base de una Comisión Pluripartidista ah doc a la destitución de los legisladores que ostenten los cargos de Presidente, Primer y Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional y a los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL), con la mayoría absoluta de la Legislatura.
Observaciones en el debate
La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz subrayó que hay temas que necesitan ser actualizados como el control político, fiscalización, Comité de Ética y las sanciones para los asambleístas que acostumbran a cambiarse de partidos políticos, que disminuyen la confianza de los ciudadanos; así como subsanar lagunas legislativas respecto al proceso de enjuiciamiento político y CAL.
De su lado, María Teresa Pasquel presentó observaciones para agilitar el proceso de la denuncia; y, permitir que el proponente de un juicio político pueda retirarlo de forma individual, antes de la calificación del trámite de solicitud. Pedro Velasco planteó cambios al capítulo de los juicios políticos: cuando se trate de un cuerpo colegiado sea de forma personalizada para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso.
Lucía Posso presentó consideraciones de orden técnico: como la codificación (para garantizar la seguridad jurídica); el inventario de la legislación (una sección que regule el tema y garantizar el acceso a la información); y, los efectos de la objeción total del Ejecutivo (en caso de no ratificarlo en el plazo previsto, que el proyecto sea archivado).
Milton Aguas objetó el procedimiento del juicio de político. Franklin Samaniego resaltó que se incorporen cambios sobre las resoluciones. Guido Vargas planteó eliminar el artículo sobre la sanción de transfuguismo político. Por último, Jorge Peñafiel dijo que su bancada ha sufrido el embate de los “camisetasos”.
Fuente: Asamblea Nacional
