Desde hace dos décadas, aprobar presupuestos en EEUU es un reto complejísimo que muchas veces acaba en fracaso. Desde 2013, ya ha habido tres “cierres del Gobierno”, en el que la falta de fondos obliga a dejar de pagar los salarios de los funcionarios y a suspender todas las funciones no esenciales, como la gestión de los parques nacionales. Queda una semana para que esa crisis se repita, y los partidos están negociando contra reloj para evitar que se desate una crisis política en medio de la campaña electoral.

La fecha límite es el 1 de octubre, cuando empieza el año fiscal, así que cualquier acuerdo debe empezar a tramitarse esta semana para llegar a tiempo. Este fin de semana, el presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, y el líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, han llegado a un acuerdo en principio para prorrogar los presupuestos hasta el 20 de diciembre y dejar la patata caliente para después de las elecciones. Pero no todo es tan fácil.

El candidato republicano, Donald Trump, quiere provocar todo el caos posible durante la campaña, así que ha pedido a sus congresistas que voten en contra del acuerdo. Trump exige que se apruebe una ley para reprohibir que las personas que ya tienen prohibido el voto (inmigrantes sin nacionalizar) puedan votar. Nadie ha logrado demostrar que ningún inmigrante haya votado en ninguna elección reciente, pero Trump exige una nueva ley para prohibir aún más fuerte, algo que ya está prohibido como parte de su campaña para apuntar a un imaginario fraude electoral si pierde, como ya hizo en 2020.

El resultado ha sido dividir en dos al Partido Republicano, entre los diputados que apoyan las teorías de la conspiración de Trump y exigen esa ley de ‘seguridad electoral’ como contrapartida a los presupuestos, y los que prefieren evitar desatar una crisis innecesaria cuando los ciudadanos empiecen a votar. La mayoría de los estados clave abren sus urnas a finales de septiembre o principios de octubre, y estos republicanos temen que dejar sin sueldo a cientos de miles de empleados públicos y sin servicios a millones de personas, justo cuando todos estos afectados ya pueden votar, acabe volviéndose en su contra.

Salvo sorpresa, el proyecto de ley para prorrogar los presupuestos necesitará una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes, lo que requiere que un tercio de los diputados republicanos voten a favor. Se espera que la votación sea el miércoles, y el miedo es que haya una rebelión ‘trumpista’ en las filas republicanas que torpedee el acuerdo y desate una crisis en plena campaña.

Fuente: Revista El Economista

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