62 privados de la libertad asesinados en las cárceles de Turi, Cotopaxi y la Regional de Guayaquil hoy, reporta el SNAI

Esta tarde, en rueda de prensa desde el Salón Azul del Palacio de Carondelet, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo, señaló que el saldo de lo ocurrido hoy en las cárceles es de 62 privados de la libertad fallecidos: 33 decesos en Turi, 8 en la cárcel de Cotopaxi y 21 en la Regional de Guayaquil.

Según Moncayo, la hipótesis es que ha aparecido otra organización delictiva que busca retomar el liderazgo del ciudadano que fue abatido en la ciudad de Manta en diciembre, líder de Los Choneros, alias Rasquiña, y que la reacción sobre este hecho ha demorado, pero se ha producido hoy.

“Una lucha por el poder delictivo dentro de los centros de privación de la libertad al menos de dos organizaciones delictivas, no están claros los liderazgos dentro de ellos mismos, al parecer se rompieron los acuerdos”, agregó.

El director dijo que son dos grupos tratando de encontrar un liderazgo en los centros de privación de la libertad, y que alrededor de 800 policías se han movilizado para controlar y poner, nuevamente, el orden dentro de los centros de privación de la libertad.

Ayer, la Policía requisó dos armas de fuego en la Regional Guayas, de las investigaciones preliminares se conoce que eran para victimizar a los líderes de las organizaciones delictivas que se encontraban en el pabellón de máxima seguridad del país. Organizaciones como los Lobos, Chonekillers, Tiguerones y otros responden también a organizaciones internacionales y usan armas de fabricación artesanal.

En tanto, el presidente Lenín Moreno se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial y dijo que ha dispuesto al Ministerio de Defensa ejercer un control estricto en los perímetros de los exteriores de las cárceles.

El comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, también se pronunció a través de Twitter y aseguró que la Policía reacciona, pero no tiene competencia de readaptación social de los penados.

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