En siete días, 400 abogados se han registrado en el concurso público para elegir a los 14 jueces, que laborarán en la primera Unidad Judicial contra la Corrupción y Crimen Organizado. Así lo dio a conocer el director del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera, este viernes 8 de abril del 2022.
Según datos de la Judicatura, el 64% de aspirantes son hombres y el resto mujeres. Hay personas inscritas de 23 provincias del país. La mayoría son de Guayas, Pichincha y Manabí.
Los abogados interesados en concursar deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos: enviar por la página web su hoja de vida actualizada, su cédula de identidad, certificados de votación, el certificado de registro de título de tercer nivel emitido por la Senescyt, su historial laboral y la autorización para el levantamiento de sigilo bancario.
Además, deben presentar un certificado de la Contraloría de no tener responsabilidades administrativas en firme, civiles o indicios de responsabilidad penal. También declaraciones juramentadas de no tener sentencias judiciales en marcha y de no tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
Todos esos documentos deben estar escaneados y certificados ante un notario público. Tienen plazo para postularse, a través de la plataforma web del CJ, hasta 11 de abril del 2022.
Los aspirantes deberán rendir una prueba teórica, práctica y psicológica. Deben obtener un puntaje mínimo de 80/100. Al final, se someterán a una prueba de confianza, que será voluntaria.
El objetivo es escoger, hasta el 25 de julio del 2022, a dos magistrados de primer nivel, seis de Tribunales Penales y seis de las Salas de Apelación.
Está previsto que esa unidad judicial especializada comience a operar desde agosto de este año. Según Fausto Murrillo, presidente del CJ, los nuevos jueces no tendrán causas represadas. Conocerán procesos judiciales desde cero.
Quienes ganen el concurso deben aprobar también un curso de formación contra la corrupción y el crimen organizado.
Quienes aprueben este curso, de un mes de duración, pasarán al banco de elegibles. De acuerdo a su puntuación serán designados para trabajar.
Según Peñaherrera, los jueces que sean escogidos para trabajar en la Unidad Judicial contra la Corrupción y Crimen Organizado tendrán protección. “Para mitigar el riesgo al que están expuestos, ellos trabajarán en un área específica y tendrán un protocolo especial de seguridad”.
Funciones que tendrán los 14 jueces
Estos magistrados juzgarán siete delitos relacionados a actos de corrupción como: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.
Además, conocerán 37 ilícitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos, genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo, entre otros.
Los procesos penales que conocerán estos magistrados deben cumplir con requisitos. Por ejemplo, el delito debe ser perpetrado por una estructura criminal organizada, las acciones delictivas deben tener connotación nacional o internacional y también deben existir víctimas con graves afectaciones.
Fuente: El Comercio