Las 268 personas que fueron favorecidas con las amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional gozan de sus derechos políticos para participar en procesos electorales, a la par que los expedientes legales que se sustanciaban en los tribunales de justicia o investigaciones que la Fiscalía General y provinciales impulsaban se archivarán de inmediato.
“Los procesos legales no van a poder continuar. La amnistía es un impedimento de la aplicación de la legislación penal. Ningún registro debe quedar sobre las investigaciones a las 268 personas. Todos quedan limpios, su historial o como se diría su récord penal queda limpio”, explicó el constitucionalista Ismael Quintana, que agregó que “no hay impedimento para que participen en procesos electorales, porque la Constitución inhabilita solo a quienes tienen sentencia ejecutoriada”.
La Real Academia de la Lengua (RAE) define a la amnistía como el “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”, y proviene del griego amnēstía, que se refiere a “propiamente olvido”.
Fue así como, a eso de las cuatro de la mañana del 10 de marzo de 2022, con 99 votos afirmativos, el pleno del Parlamento aprobó en paquete 268 amnistías, con base en un informe elaborado por la Comisión de Garantías Jurisdiccionales que dividió en cuatro partes las solicitudes planteadas.
Fuente El Universo