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$200 millones se invertirán para la adquisición de vacunas contra el COVID-19

Desde el 1 de noviembre, explicó el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, la autoridad sanitaria es más eficiente para consolidar la información que se registra en cada una las provincias, esto gracias a la herramienta tecnológica Software COVID-19 PCR, que facilita a los 200 laboratorios autorizados alimentar la base de datos a medida que tengan casos confirmados con este tipo de pruebas. Hasta fin de mes se tiene previsto cerrar la brecha de datos rezagados.

Las estadísticas cambian cada día, nuevos pacientes aparecen en las diferentes ciudades del país y controlar la situación ya no solo es tarea de las autoridades, puntualizó el funcionario.

Tras nueve meses de emergencia sanitaria, el distanciamiento social y el uso de mascarilla deben formar parte de las prácticas cotidianas de los ciudadanos; de hecho, quizás se deban mantener hasta dos años después de la inmunización, porque todavía no se conoce el tiempo que durará la respuesta inmunitaria.

Ecuador mantiene conversaciones abiertas con al menos nueve laboratorios en fase tres del desarrollo de la vacuna, pero la prioridad para ellos será distribuir el medicamento a los países grandes.



Solórzano dijo que es una cuestión de mercado y que la mayoría de la producción inicial ya se encuentra pre asignada.

“La vacuna de Pfizer aspiramos recibirla en el segundo trimestre del 2021, AstraZeneca nos ha manifestado lo mismo y con Covax Facility dependerá mucho de cuál va a ser la primera vacuna que esté disponible, porque recordemos que esta iniciativa es una canasta de vacunas”, indicó.

Mientras tanto el país avanza con el plan de inmunización. Se calcula que se contará con 18 millones de dosis aproximadamente para vacunar al 65% de la población.

Cada persona necesitará dos dosis. Las primeras serán las poblaciones de mayor riesgo como trabajadores de la salud y la seguridad, así como quienes laboran en la recolección de desechos o que tienen contacto directo con el público.

Los niños y los adultos mayores quedarán fuera hasta que la evidencia determine que el procedimiento es seguro para ellos. La inversión que el Gobierno destinará para el efecto será de unos $200 millones. (El Telégrafo)

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