Mesa de seguridad y justicia cierra con 33 acuerdos, aunque el Gobierno no cedió a crear un fondo de reparación que beneficie a los manifestantes de los paros

La mesa de diálogo sobre seguridad y justicia cerró su tarea con ‘33 acuerdos’ y también con 3 desacuerdos, que eran considerados clave para los movimientos sociales que impulsaron el paro nacional de junio pasado.

Este viernes, 30 de septiembre, el grupo de trabajo de seguridad y justicia instalado entre delegados del Gobierno nacional y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cerró con la suscripción de un acta que recoge 33 acuerdos, pero con la insatisfacción de los líderes sociales, que buscaban que el régimen cediera a dos objetivos concretos.

El primero era la creación de un fondo de emergencia para la atención a las personas afectadas por las movilizaciones sociales del año 2019 y 2022, enfocado también a beneficiar a los familiares de aquellos manifestantes que fallecieron o quedaron heridos.

Adicionalmente, pidieron una disculpa pública a las organizaciones sociales por las declaraciones de las autoridades e incluso del presidente de la República, Guillermo Lasso, que insinuaba que las manifestaciones habrían tenido financiamientos irregulares.

Respecto de la solicitud de archivar los procesos de investigación a dirigentes sociales y manifestantes, la Fiscalía General del Estado había informado a las partes que “ninguna autoridad judicial o administrativa puede disponer el archivo de las investigaciones abiertas, siendo esta facultad exclusiva de los agentes fiscales asignados para la sustanciación de la fase pre procesal”.

Tras cinco días de debates, el acta se firmó en una de las salas de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que interviene como garante de este proceso, en el que participaron viceministros de Estado, lo que desagradó a dirigentes de los grupos sociales, que consideraron tal delegación como una “falta de voluntad política” por no enviar a actores con “poder de decisión”.

Uno de los dirigentes que participó en representación de la Conaie, Andrés Tapia, confirmó que sobre los temas “centrales” para el movimiento “no hubo acuerdos”, como en la propuesta de crear este fondo de reparación integral; además, que no se atendió la solicitud de que se archiven las investigaciones iniciadas a quienes participaron en las movilizaciones.

Según Tapia, son más de 550 casos abiertos y, al no haberse llegado a acuerdos, la Fiscalía continuará con las investigaciones, mientras ellos continuarán con su defensa legal.

El viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Freddy Ramos, detalló que durante estas jornadas las organizaciones sociales hicieron 36 pedidos, de los cuales 33 fueron atendidos; sobre dos no hubo acuerdos y uno no tuvo respuesta.

No obstante, la viceministra de Seguridad, Sandra Molina, añadió que sobre el pedido de crear este ‘fondo de reparación’ se creó un equipo técnico que revisará caso por caso respecto de quiénes pudieran necesitar ayuda estatal, para lo que se habilitaría un protocolo de servicios. Al mismo tiempo, aclaró que el Gobierno no puede disponer esta reparación económica en tanto no haya un pronunciamiento de la justicia en la que determine responsables por los hechos que están en investigación.

La dirigente de la Fenocin, Margarita Arotingo, lamentó la posición del régimen y criticó la “falta de voluntad política” de las autoridades del Estado de participar en esta mesa de diálogo.

“No hubo voluntad de otras carteras de Estado que eran importantes para analizar las demandas de las organizaciones sociales, porque no asistieron autoridades con poder de decisión”, opinó.

Recordó que se pedía la reparación integral a “todos los luchadores sociales por los derechos colectivos, de la naturaleza”, y también que el Gobierno de Guillermo Lasso ofrezca una disculpa pública a los miembros de los colectivos por haber sido descalificados durante el paro nacional de junio, incluso involucrándolos con el narcotráfico.

Con la suscripción del acta de acuerdos y desacuerdos, esta sería la quinta mesa de diálogo -de diez conformadas- que culmina su trabajo, y quedan pendientes otras cinco: derechos colectivos, en la que hay catorce acuerdos parciales, por lo que aún no se cierra el debate; acceso a la salud; empleo y derechos laborales; educación superior; y focalización de subsidios a los combustibles.

Se han cerrado oficialmente: banca pública, control de precios, fomento productivo y energía y recursos naturales, entre las que se han alcanzado 54 acuerdos, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Gobierno.

Para el próximo 12 de octubre está previsto que concluya el plazo de 90 días que fijó la Conferencia Episcopal para que las partes involucradas en este diálogo —Gobierno nacional y movimientos sociales— concreten acuerdos y también desacuerdos.

Margarita Arotingo anticipó que sí alcanzarían a evacuar los temas pendientes dentro de los plazos establecidos. (I)

Fuente: El Universo

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