Comisión de Participación Ciudadana llegará con propuestas concretas al segundo debate

Luego del primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional analizó lo debatido en el Pleno. El criterio generalizado es que el país está frente a un problema complejo ante el mecanismo de elección de los consejeros.

El legislador Byron Suquilanda aseguró que es un monstruo al que tratan de darle forma en la Asamblea Nacional, pues no se toma en cuenta la base constitucional que dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Suquilanda es partidario de que para el segundo debate se lleven propuestas concretas para viabilizar soluciones.

Absalón Campoverde no está de acuerdo en que se pongan trabas como la paridad de género. “Hay que tener en cuenta que deben primar los más votados, sin importar si son varones o mujeres, no deben existir minorías, debe primar la voluntad del pueblo”, dijo. Explicó que lo de las minorías ha hecho mucho daño, pues al aplicar el método muchos de los ganadores tuvieron que ceder el puesto a otro que no fue del agrado de los ciudadanos.

Más sugerencias

Mayra Montaño sugirió que el cuerpo legal se revise y luego se ponga a consideración del Cpccs transitorio, mientras que Héctor Yépez, cree que será clave el trabajo conjunto con el Consejo Transitorio. “Van a tener un conocimiento privilegiado de lo que hay que modificar para corregir la situación. Se ha pedido la asistencia de la ONU, para hacer un trabajo tripartito, para en conjunto consensuar una sola propuesta normativa”, finalizó.

Para los asambleístas es clave el tema de la designación de autoridades, porque aplicaría de forma inmediata.

Anabel Guerrero Pita, del Observatorio de Derecho del Colegio de Abogados de Pichincha, dijo que ya fueron testigos de un Cpccs que incumplió su mandato en lo que respecta a la defensa y protección de los ciudadanos que denunciaron actos de corrupción, pues fueron perseguidos. Una de las preocupaciones fuertes que existe es que se contemplen mecanismos claros de protección a quienes denuncian actos de corrupción. /Asamblea