Temas ambientales trazan la ruta para las reformas

Con la aprobación de las preguntas 5 y 7 el Ministerio de Ambiente revisará 1.800 concesiones mineras. Analistas son partidarios de una comisión para el Yasuní. Una vez que el Sí ganó en las 7 preguntas de la consulta popular, el contenido de la mayoría de ellas tendrá que aplicarse de inmediato como la 5 referida a la prohibición de la minería metálica, y la 7 sobre la ampliación de la zona intangible y la reducción de la explotación petrolera a 300 hectáreas, en la zona del Yasuní.

Al respecto el ministro de Medio Ambiente, Tarcisio Granizo, adelantó en una entrevista que son al menos 1.800 las concesiones mineras que actualmente son objeto de revisión, con la finalidad de verificar que se encuentren dentro de los parámetros de la decisión de los ecuatorianos en las urnas. También sostuvo que será necesaria la conformación de una comisión, compuesta por expertos de los ministerios del Ambiente, Hidrocarburos y de Justicia, a fin de resolver la extensión de 50 mil hectáreas de área intangible.

Además se analizará la reducción, a 300 hectáreas, de la explotación petrolera en el sector que involucra el Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana. Al respecto, el analista en temas ambientales, Fred Larreátegui, advirtió que es necesario impulsar reformas normativas, para que se pueda viabilizar la aplicación del referendo y consulta popular. Entre ellas, se encuentran el Código del Ambiente y el artículo 25 de la Ley de Minería, de manera que  guarde los cambios guarden coherencia y armonía con la consulta, “se tendría que observar cualquier ley que genere contradicción”.

El artículo 25 de la citada Ley indica: “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea…” Por tal motivo, Larreátegui consideró que este proyecto de reformas tiene que ser enviado al órgano legislativo, para que disponga la enmienda constitucional. Larreátegui opinó que es importante que se empiece a debatir el tema de la minería, porque a pesar de que el pueblo decidió la restricción en las áreas protegidas, este concepto no está explicado.

“Las comunidades declaran sus áreas protegidas, al igual que prefecturas y municipios; no obstante, la ley reconoce solo a los territorios identificados por el Ministerio del Ambiente”, sostuvo. Además consideró que no se han identificado valores ambientales mínimos para declarar a una zona como protegida, entre las que deberían incluir las fuentes de agua, lo cual no se ha solucionado con la aprobación de la consulta.

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