La consulta popular está en manos de dos juezas de la Corte Constitucional

El primer paso del trámite legal para convocar a una consulta popular se completó. Los sorteos para conocer a los jueces que analizarán los dos procesos -uno de cinco preguntas y otro de dos- se cumplieron. Marien Segura Reascos y Tatiana Ordeñana Sierra tienen que analizar el contenido de la consulta y elaborar un documento, luego de que cada una conozca oficialmente de la asignación.

Cada informe será presentado ante el Pleno de la Corte Constitucional para su aprobación u observación. Entonces se conocerá si la consulta se podrá realizar con las mismas preguntas que fueron propuestas por el presidente de la República Lenín Moreno. Tatiana Ordeñana ingresó al primer Consejo de Participación Ciudadana a través de un proceso de selección entre siete candidatos propuestos por el expresidente Rafael Correa.

Marien Segura, en cambio, también fue postulada para el cargo de jueza por Correa, pero en la terna que envió para el concurso de renovación parcial de la Corte, en 2015. Este Diario buscó su versión, pero en la Corte se informó que no se pronunciarían. Marien Segura Marien Segura Reascos llegó a la Corte Constitucional (CC) en junio de 2016, tras la renuncia del presidente del organismo, Patricio Pazmiño. Ella fue postulada para el cargo de jueza por el expresidente Rafael Correa, en la terna que envió para el concurso de renovación parcial.

Esto ocurrió en julio de 2015. Sin embargo, en ese entonces se eligieron tres magistrados y ella quedó en cuarto lugar. Sobrepasó, por ejemplo, a la actual secretaria jurídica de la Presidencia y exministra de Justicia, Johana Pesántez. Esto la dejó en el banco de elegibles. Así, cuando Pazmiño pasó a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella fue llamada a ocupar el cargo vacante en el pleno de la CC. Ahora es la primera afroecuatoriana en ser magistrada constitucional.

De forma previa, Segura pasó por otras instituciones del Estado. Fue jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Guayas, coordinadora de Rehabilitación Social del Litoral, en el Ministerio de Justicia, y también directora de ‘La Roca’, la cárcel de máxima seguridad que fue instalada en el Puerto Principal. En agosto de 2011 se inscribió para concursar por un puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no tuvo éxito. Su carpeta no fue aceptada -se dijo entonces- por falta de un documento.

Previamente, también participó para vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como en varios concursos para jueces. Segura proviene de la parroquia Tambillo, ubicada a 20 minutos de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, a donde se accede por vía fluvial. Aunque después su familia se mudó a la capital provincial. Tiene 10 hermanos de padre y madre, cinco de padre y dos de crianza.

A los 18 se mudó al Puerto Principal, donde estudió Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. Ella es abogada, con una especialidad en Derecho Penal, Criminología y Justicia Indígena, así como licenciada en Ciencias Políticas. Y los primeros años de su vida profesional transcurrieron en el sector privado, en varios estudios jurídicos. Tiene una formación complementaria en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, así como preparación internacional en Derecho Laboral y Liderazgo. También se formó como Juez de Paz y en Resolución de Conflictos.

Marien Segura Reascos participó en el programa del Sistema de cortes estatales, en Virginia, Estados Unidos. Y fue reconocida como mejor jurista del 2014 por el Colegio de Abogados de Guayas. La jueza Segura está a cargo del análisis de la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno, en octubre pasado. El informe que elabore sobre la constitucionalidad de las preguntas con respecto a la derogación de la Ley de Plusvalía y la reducción de la zona de explotación petrolera en el Yasuní deberá pasar al Pleno de la Corte para su aprobación.

Patricia Tatiana Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, nacida en Guayaquil, llegó a la Corte Constitucional (CC) un noviembre, hace cinco años. Entonces se constituyó el primer organismo, en concordancia con la Constitución de Montecristi, luego del de transición. De forma previa, desde marzo de 2010, formó parte del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), creado con la nueva Carta Magna.

Ingresó a través de un proceso de selección de méritos y oposición, de entre siete candidatos propuestos por el expresidente Rafael Correa, y estuvo entre la mayoría de consejeros a los que se consideraba afines al oficialismo. Es doctora en Jurisprudencia, por la Universidad de Guayaquil, y especialista en Derechos Humanos. En su hoja de vida resalta un máster en Derecho de Familia, por la Universidad de Barcelona (España), y además es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales.

Su trabajo inició vinculado a proyectos y programas de atención a la mujer y los niños y adolescentes, así como en entidades que trabajaban por los Derechos Humanos. Ordeñana fue candidata a asambleísta constituyente por el movimiento de César Montúfar, en ese entonces Concertación Nacional. Fue directora técnica del extinto Consejo Nacional de las Mujeres; consultora en la organización Projusticia, que presidió Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura y exsecretario particular de Correa; asesora en el extinto Ministerio del Litoral, cuando el exministro Ricardo Patiño lo presidía; y directora del extinto INFA en Guayas.

Aunque su paso por el Cpccs fue de apenas dos años, el desempeño del organismo ya venía siendo cuestionado por la designación de autoridades afines al Gobierno para las distintas entidades de Control. Por lo que su paso a la Corte, junto con los otros ocho jueces que se posesionaron en 2012, también fue cuestionado por la oposición. Pese a estas críticas, el 8 de agosto de 2016, la jueza constitucional contrajo matrimonio en Carondelet.

La ceremonia, reservada solamente para amigos y familiares, fue dirigida por el mismo Correa, al final de la tarde. Aunque el cargo en la Corte tiene una duración de nueve años, Ordeñana podría salir en el 2018, cuando deberá realizarse la segunda renovación parcial de la magistratura más poderosa del país. Mientras tanto, sobre ella recayó, el 18 de octubre, la responsabilidad de analizar la propuesta de referendo constitucional, planteada por el presidente Lenín Moreno.

Deberá presentar al Pleno de la Corte Constitucional un informe sobre el contenido de las cinco preguntas relacionadas con la muerte civil en casos de corrupción, la prohibición de la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación, la imprescriptibilidad de delitos contra niños y adolescentes y la prohibición de la minería metálica en zonas intangibles, reservadas y urbanas.

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