Entre $ 40 millones y $ 50 millones costaría organizar consulta popular

La consulta popular que impulsaría el gobierno de Lenín Moreno podría estar presupuestada en los $ 40 millones o $ 50 millones, según se conoció por fuentes internas del Ejecutivo.

Aún no se sabe el número de preguntas que podrían plantearse, pero se está analizando ese llamado porque el “pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios”, adelantó Moreno.

Para la última consulta popular de febrero del 2017, que buscaba prohibir que los candidatos a elección popular posean capitales en paraísos fiscales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó $ 2’885.076.

Ello porque la pregunta se imprimió en una quinta papeleta, que formó parte de los comicios para elegir el binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos.

El presupuesto mencionado se basa en que en el último proceso electoral se destinaron $ 33’458.478 para pagos por convenios con las Fuerzas Armadas y la Policía, impresión de papeletas, de documentos electorales y de plantillas braille, adquisición de señalética electoral, pagos por servicio de integración de papeletas, transmisión de datos, y otros.

Paúl Salazar, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que no han recibido ningún pedido, pero que con la inversión que se realizó para las elecciones del 2017 ($ 110’779.145,24) “no tendría ningún inconveniente de poder realizarse un nuevo proceso con todo el equipamiento que ya se ha adquirido”.

El artículo 104 de la Constitución establece las reglas para el ejercicio de la democracia directa. En el caso del presidente, este dispondrá al CNE que convoque a una consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes.

Sin embargo, se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas.

Varias organizaciones sociales y actores políticos plantearon al Ejecutivo que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) porque creen que ha incumplido sus funciones en la lucha anticorrupción y elección de autoridades.

Pero el vocal de esta entidad, Edwin Jarrín, puntualizó que los artículos 441, 442, 443 determinan cómo debe hacerse una reforma constitucional.

“Cuando el presidente habla de una consulta, está condicionado a dos cosas: que no se restrinjan ni se topen derechos, y que no se aborde la estructura del Estado, porque eso debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente; y será la Corte Constitucional la que defina cuál será el mecanismo de reforma. Yo lo veo como una acción específica, una Constituyente para reformar la función de Transparencia”, agregó.

En los últimos diez años se han dado cuatro consultas: 2007, 2008, 2011 y 2017. (I)EU