Reglamento de Ley de Movilidad Humana estaría listo en el corto plazo

La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Soliz, informó que en este mes estaría listo el reglamento de la Ley de Movilidad Humana. En la mesa, los legisladores advirtieron la necesidad de socializarla. La norma solventa los problemas que abarcan las diferentes formas de desplazamientos humanos y rompe el paradigma para que ningún ciudadano sea considerado ilegal por su condición migratoria.

La ley establece derechos, obligaciones y mecanismos de protección para migrantes, emigrantes, retornados, en tránsito, víctimas de trata y tráfico ilícito de personas, inmigrantes y quienes requieren de protección internacional. Define la gestión y competencias de las instituciones públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.

Para los ecuatorianos que están fuera de nuestra frontera, el cuerpo legal determina que tendrán las mismas oportunidades para participar y beneficiarse de los planes, programas y proyectos que desarrollen los diferentes niveles de gobierno. Para ellos, el Estado creará mecanismos que faciliten el envío de remesas e incentivos para el desarrollo de proyectos productivos. Tendrán derecho a la identidad ecuatoriana, a la salud, acceso a la justicia, a la participación política, educación, acceso a becas, entre otros beneficios.

Quienes retornen tendrán derecho a la inclusión económica y social, convalidación de estudios en el exterior, a la inserción educativa, capacitación, homologación de competencias laborales, sistema financiero y pensión jubilar.

Uno de sus capítulos se refiere a la protección internacional para solicitantes de asilo, refugio y apatridia. A estas personas les asegura el acceso igualitario y el ejercicio de los derechos, sin discriminación. Incluye otro acápite sobre la comunidad suramericana, los ciudadanos de esta región podrán ingresar o salir del país presentando solo su cédula. Pueden pedir residencia temporal o permanente.

La trata de personas y tráfico de migrantes es otra de las regulaciones que contiene la norma. Para amparar a estos ciudadanos se crea un sistema integral de identificación de estas víctimas. El tratamiento de este problema se rige bajo los principios de protección integral y especializada, información, no criminalización, no detención a las víctimas, confidencialidad, presunción de minoría de edad, no discriminación. Además, el Estado desarrollará planes y mecanismos para la lucha y prevención de estos delitos.

LILA/pv