Dudas por auditorías a los contratos de la constructora Odebrecht

Tras la comparecencia del fiscal Carlos Baca Mancheno a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, más de 30 informes de la Contraloría sobre los contratos de la constructora Odebrecht con instituciones públicas quedaron en entredicho.

Según el organismo que controla el uso de los fondos públicos, entre el 2007 y el 31 de mayo del 2017 se han realizado 30 exámenes especiales en los procesos precontractuales, contractuales, de ejecución de las obras que estuvieron a cargo de la firma brasileña, acusada en Brasil y Estados Unidos de haber entregado coimas en 12 países –entre ellos, Ecuador– para lograr adjudicaciones.

Estos informes fueron aprobados durante la administración del contralor Carlos Pólit y de ellos se desprenden observaciones administrativas y responsabilidades civiles.

Las auditorías en las que se detectan indicios de responsabilidad penal (IRP), según la norma, deben ser entregadas directamente a la Fiscalía. ¿Cuánto de estos IRP llegaron a sus manos? En la Asamblea, Baca dijo: “La respuesta es cero”.

Existen otros tres informes aprobados entre el 2003 y el 2006, cuando Alfredo Palacio era primer mandatario, y Genaro Peña, contralor.

Sin embargo, desde el 2008 hasta el 2016, la Contraloría ha notificado las observaciones a los funcionarios de una docena de instituciones: Consejo Nacional de Electricidad, Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, Prefectura de Pichincha, Comisión de Estudios para la Cuenca del Río Guayas, Hidropastaza, Dirección de Aviación Civil, Ministerio de Transporte, Senagua, Ecuador Estratégico, Refinería del Pacífico, Petroecuador y Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

A estos informes se suman tres que se encuentran en marcha y que se enfocan en distintas etapas del contrato para la construcción del metro de Quito, que empezó con el exalcalde Augusto Barrera y que continuó con el actual, Mauricio Rodas.

La asambleísta María José Carrión (AP) sostiene que la Contraloría no ha dado el detalle de los documentos que respaldan esos informes y anunció que exigirá que entregue los expedientes completos.

En su intervención, el viernes pasado, el fiscal Baca señaló la existencia de un “portal de legalidad” que se aplicaba a los procesos contractuales y precontractuales, a través de los cuales se pudieron haber justificado irregularidades en los contratos entre la constructora y las instituciones estatales.

“(Ese) portal de legalidad sirvió, precisamente, para que todos los mecanismos de control no funcionen o no tengan el acceso a la información real (que luego se obtuvo a través de la delación)”, manifestó.

También sugirió que en los informes de Contraloría se podrían deslizar “suspicacias”, puesto que no hay un sistema legal perfecto que permita el control de los fondos públicos.

El contralor subrogante, Pablo Celi, no se pronunció enseguida, pues la semana pasada el equipo de auditores de la institución se reunió para evaluar y ajustar su Plan Anual de Control (PAC). El informe se presentaría en los próximos días.

No obstante, la Comisión de Fiscalización ya adelantó que pedirá hasta el último documento sobre las auditorías realizadas a Odebrecht no solo en el periodo de Carlos Pólit o desde que la ‘Revolución Ciudadana’ llegó al poder, sino desde que la brasileña llegó al país, en la década de los 80, y contrató con varios gobiernos. (I)