Mayoría oficialista incluyó reformas a la LOES en el Código de Ingenios

A través de disposiciones reformatorias en el Código de Ingenios que fue aprobado ayer en el pleno de la Asamblea, la mayoría oficialista de Alianza PAIS (AP) incluyó los cambios a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para eliminar los fines de lucro en las universidades, propuesto por René Ramírez, extitular del Consejo de Educación Superior (CES).

El Código tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y su articulación con los sistemas de Educación, Educación Superior y Cultura. Incluye normas sobre propiedad intelectual.

El debate del proyecto fue dividido por libros y ayer fue el último día dedicado al cuarto y las disposiciones generales, transitorias y reformatorias, entre las que se incluyó la propuesta de Ramírez.

El oficialista Mauro Andino (AP) defendió la inclusión citando el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que se señala que el ponente tiene facultad para incorporar las propuestas que se hagan en el pleno en el texto final, y por ello no existe inconstitucionalidad.

Pero Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) insistió en que el artículo 136 de la Constitución señala que los proyectos de ley deben referirse a una sola materia y entre el Código de Ingenios y las reformas a la LOES no hay correspondencia; y las reformas están planteadas como si fueran para dicho Código, razones por las que sí sería inconstitucional.

El otro aspecto en debate fue el contenido de dichas reformas a la LOES. Mientras el oficialismo ve en los cambios una oportunidad para regular los excesos en cobros y otras supuestas irregularidades en el manejo económico de las universidades privadas, en la oposición identificaron un “exceso de regulación”.

“Las 22 reformas están orientadas a dar tal poder, de policía, de pesquisa y de juez al CES y entorpecer el funcionamiento de las universidades y en particular de las privadas… aprobar este tipo de poderes se convertirá en el arma para perseguir y descalificar a ciudadanos bajo el pretexto de que son partes relacionadas”, dijo Torres.

La propuesta de Ramírez impone, a través del CES, multas y sanciones a los establecimientos que incumplan con la prohibición de fines de lucro, como por ejemplo, que las partes relacionadas (promotores, autoridades académicas, integrantes del órgano colegiado académico superior, sus cónyuges o personas jurídicas) no puedan ocupar cargos de representantes legales o directores en las personas jurídicas creadas, ni podrán ser titulares de capital social o de fondos propios de personas jurídicas creadas.

Además, que las universidades no puedan realizar contratos, convenios o transacciones con personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales.

El proyecto fue aprobado con 88 votos a favor, 22 en contra y una abstención y será remitido al Ejecutivo para su sanción o veto. (I)

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