Se cumplió encuentro de socialización de la iniciativa legal sobre movilidad humana

En la sede legislativa se cumplió la socialización y presentación del proyecto de Ley sobre Movilidad Humana, que será remitido a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Grupo Parlamentario por la Movilidad, que preside la legisladora Linda Machuca.

La cita contó con la presencia de las asambleístas Dora Aguirre, representante de los ecuatorianos de la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, e Isabel Mosquera, legisladora nacional, además del Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.

En su intervención, la parlamentaria Linda Machuca subrayó que en el sur del continente algunos países cuentan con una Ley de Movilidad Humana entre ellos, Argentina, Bolivia y Uruguay; ahora le toca al Ecuador, con la propuesta que presentarán a la Legislatura, la cual ayudará a concretar este gran sueño que comenzó hace varios años con el trabajo de varias organizaciones. Este será un nuevo desafío que tiene la Asamblea Nacional, añadió.

Entre tanto, Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, precisó que la situación de los compatriotas en otros países y, últimamente, su proceso de retorno fue el eje para elaborar un proyecto de Ley Orgánica Integral de Movilidad Humana, adecuado a la Constitución de la República del Ecuador y a los estándares internacionales de derechos humanos, desde un proceso participativo que recoja los aportes de los actores de sociedad civil y de las instituciones estatales.
Agregó que se tomaron como enfoques los preceptos constitucionales que establecen diferentes dinámicas de la movilidad humana como son la emigración, inmigración, refugio, migración y desplazamiento interno, delitos en contextos de movilidad (trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes), que son elementos propios de una realidad que ocurre de manera simultánea.
En lo atinente a derechos humanos, parte de reconocer el derecho a migrar como piedra angular de los derechos de esta población. Este enfoque permite también identificar las obligaciones estatales que deben cumplirse para garantizar los derechos y traducirlas a la normativa, dijo, al indicar que la seguridad integral implica que la centralidad en el ejercicio de la seguridad se sujeta a la obligación del Estado de garantizar a toda la población que habita en el país condiciones de dignidad y seguridad. Se tomó en cuenta, además, el enfoque de género que permite visibilizar que la movilidad humana es vivida de manera diferente, desde lo masculino y lo femenino, aspecto que debe traducirse en la normativa sobre movilidad.
Respecto de la diversidad, enfatizó que este eje permite transversalizar dentro de la normativa los derechos de grupos específicos que también se encuentran en situación de movilidad humana, tales como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, diversidades sexuales, entre otros.
Entre tanto, el consultor Javier Arcentales, explicó que, a pesar del reconocimiento constitucional de derechos y principios específicos en materia de movilidad humana, las leyes inferiores no han sido adecuadas a ella, por lo que se evidencia la existencia de serios vacíos legales en relación con la protección de ecuatorianos en el exterior, para quienes no existe normativa que desarrolle las obligaciones estatales en esta materia. De igual manera, el derecho a solicitar refugio, institución que en Ecuador se encuentra regulada mediante decreto ejecutivo y no por ley.
“Existe dispersión de la normativa e institucional que genera descoordinación al momento de generar políticas en materia de movilidad humana o de prestar servicios a esta población”, dijo. Es por ello que se consideró como necesaria la generación de una ley que, dentro de un enfoque de derechos y acogiendo la perspectiva de la integralidad de la movilidad que posibilite el ejercicio de derechos de esta población y organice la institucionalidad encargada de aplicarla.