Ciudadanía agradece Ley de Reparación de Víctimas

Decenas de personas -provenientes de Azuay, Manabí, Los Ríos y Loja- se apostaron en la Plaza Grande para agradecer al Presidente Rafael Correa, por el respaldo a la aprobación de la Ley para la Reparación de Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

Antonio Cruz Conde, Presidente del Comité de Víctimas a nivel nacional, sostuvo que la normativa legal evitará que queden en la impunidad los delitos de lesa humanidad y los atentados a los derechos humanos que se han cometido en el país.

“Venimos desde distintos puntos del país para agradecer al Presidente Correa por su labor humanitaria. La ley que está a punto de aprobarse constituye un proceso de reivindicación de las víctimas que dejaron los gobiernos entreguistas, de derecha y leales al imperio capitalista”, señaló Antonio Cruz Conde.

Agregó que ningún delito debe quedar en la impunidad y enfatizó que están de acuerdo con el veto del Jefe de Estado a la normativa que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, en los próximos días.

Entre los presuntos delitos cometidos contra ecuatorianos, ellos se destacan  el hundimiento del barco Jorge IV con 18 tripulantes, supuestamente por buques artillados de Estados Unidos, y el presunto maltrato a la tripulación del barco Simón Bolívar.

De hecho, la artesana pesquera María Chica señaló que fue víctima de la presunta prepotencia de los marinos norteamericanos de la Base de Manta. “A mi barco fragata lo abordaron en aguas ecuatorianas, los tripulantes fueron sometidos, y la embarcación fue dañada”. Por tal motivo, dijo, apoya la aprobación de la Ley de Víctimas.

En debate de la objeción al proyecto de Ley para la reparación de las víctimas tendrá como base el informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que sugiere el allanamiento en todas sus partes.

La objeción del Presidente Correa insta a la Asamblea a que establezca como requisito previo al pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas, la identificación de los presuntos responsables. Esto tiene por objetivo garantizar el derecho a la acción de repetición por parte del Estado.

Con un potencial allanamiento al proyecto de Ley,  el Ministerio de Justicia la institución encargada de suscribir y negociar los acuerdos reparatorios, a fin de no convertir a la Procuraduría en juez y parte de los casos.

El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Programa de Reparación, reglamentará el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento, entre otros aspectos.