Indígenas piden consulta sobre explotación en el Yasuní

El movimiento indígena de Ecuador urgió el viernes a la Corte Constitucional a que defina la convocatoria de una consulta popular sobre la decisión del gobierno de dar paso a la explotación petrolera en una reserva amazónica.

“La Corte hasta este momento no se ha pronunciado en absoluto. Ya que es un tema tan sensible, de enorme importancia para el país, la Corte debe pronunciarse lo más urgente posible”, dijo a la AFP Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

El 22 de agosto la Conaie y grupos ambientalistas, que rechazan la decisión del presidente Rafael Correa de permitir la actividad petrolera en una zona del Parque Yasuní, aduciendo un alto impacto ambiental, presentaron al tribunal un pedido para que valide su propuesta de referendo.

Los promotores deben esperar el aval constitucional antes de iniciar la recolección de las 600.000 necesarias para llevar el tema a las urnas.

El pedido está en su primera etapa de análisis, y en caso de que sea admitido, pasará por un proceso de debate que concluirá con la decisión de la Corte, en un plazo indefinido, señalaron asesores del tribunal a la AFP.

Simultáneamente, el Congreso, de mayoría oficialista, prevé iniciar en próximos días el debate sobre el pedido de Correa para que se autorice la extracción petrolera en una zona del Yasuní.

En esa reserva mundial de la biósfera, de casi un millón de hectáreas y considerado uno de los lugares más diversos en especies de la Amazonía, están las principales reservas de petróleo de Ecuador, el socio más pequeño de la OPEP, calculadas en unos 920 millones de barriles.

El mandatario decidió hace un mes dar luz verde a la explotación tras fracasar un plan para evitar el aumento de la actividad petrolera en el Parque Yasuní, y la consecuente emisión de gases contaminantes, a cambio de un millonario aporte internacional.

La Constitución prohíbe la explotación de recursos naturales en áreas protegidas, pero le da la potestad al gobierno de pedir que se levante ese veto bajo la figura de “interés nacional”.

Correa prometió un mínimo impacto ambiental, pero los indígenas y ecologistas estiman que habrá un serio daño a la reserva -que desde hace décadas acoge actividad petrolera- y temen que se pueda poner en riesgo la existencia de comunidades en aislamiento voluntario.