Vladimiro Álvarez declara a favor de Chevron

Según la agencia pública Andes, el exministro de Gobierno de Jamil Mahuad, Vladimiro Álvarez, fue presentado como testigo por la petrolera Chevron en el juicio Rico que emprende la multinacional en Nueva York contra unos 60 amazónicos afectados por la contaminación y sus abogados.

Pese a que Álvarez fue expuesto como experto en el tema, en el turno de la defensa, Zoe Littlepage (defensora de Steven Dozinger, abogado estadounidense de los 30 mil afectados amazónicos por la petrolera), obtuvo su declaración donde precisó que no había realizado algún estudio científico que haya formado las bases de sus opiniones como experto en la materia.

De hecho, Álvarez -contradictoriamente dice no conocer nada sobre el caso Lago Agrio, ni conocer a los jueces, más allá de lo que se ha hecho público en la prensa- presentó su testimonio escrito con 200 referencias, pero sus fuentes son artículos de prensa. Lo que profesionalmente fue cuestionado por la abogada de la defensa.

Vladimiro Álvarez fue parte del gobierno demócrata cristiano de Jamil Mahuad que signó un acta de finiquito por labores de remediación de la petrolera que contaminó afluentes de la Amazonía.

El 17 de septiembre de 2013, diario El Telégrafo publicó que el 17 de marzo de 2011, el abogado de los 30 mil afectados, Pablo Fajardo, advirtió ante la prensa que Chevron había iniciado en EE.UU. una campaña de desprestigio en contra de los demandantes y  del Ecuador, la cual “ha tenido éxito en base a una fantasía de mentiras que han sido puestas ante el juez  Lewis Kaplan”. Esto, refiriéndose a un informe emitido por Vladimiro Álvarez.

En dicho informe Álvarez califica al sistema jurídico ecuatoriano como corrupto. “El juez Kaplan lo utiliza para llegar a la conclusión de que Chevron está diciendo la verdad”, destacó Fajardo.

Los amazónicos acusan que los daños en su salud y en el medioambiente ocasionados por Chevron continúan, pues la remediación fue negligente. Los afectados vencieron en Ecuador un juicio contra la petrolera y la Corte Nacional de Justicia ratificó la responsabilidad de la petrolera en esta contaminación y determinó el pago de 9.500 millones de dólares.