Piden a medios impresos a defender y garantizar la dignidad de la mujer

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) exhortó a los medios impresos en general, y a Diario Extra en particular, para que asuman su responsabilidad social expresada en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, y terminen con los contenidos sexistas en sus publicaciones.

En un comunicado difundido hoy el Cordicom exhortó a los medios impresos a que coadyuven en la construcción de una sociedad en la que la convivencia democrática respete, defienda y garantice la dignidad de la mujer ecuatoriana.

Para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, los medios de comunicación social tienen la misión histórica de evitar prácticas informativas que promuevan el sometimiento y exclusión en momentos donde la violencia, el maltrato, el acoso, la trata de personas, el femicidio y otros fenómenos sociales que afectan derechos, puedan volverse cotidianos y hasta normales.

El documento agrega que transitar hacia un modelo de convivencia ciudadana, donde se reconozca respete, proteja y promueva la dignidad de las personas, es uno de los desafíos de la sociedad ecuatoriana en el marco de una cultura de paz en la cual se ejerza el principio de igualdad y no discriminación, en todos los ámbitos de la vida social.

En este sentido, agrega que el Estado, las familias, la escuela y los medios de comunicación social, entre otras instituciones sociales y, en general, todos los habitantes del Ecuador debemos asumir la responsabilidad social de respetar, defender y proteger los derechos fundamentales rechazando todo tipo de discriminación por razones de género, etnia, condición socioeconómica, lugar de origen, estatus migratorio y otras que menoscaben, anulen o retarden el pleno ejercicio de tales derechos, añade el comunicado.

Esto, según el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, implica actitudes y comportamientos constructivos como personas y sociedad, así como la solidaridad en las acciones cotidianas, considerando al otro como sujeto de derechos y no como un objeto o mercancía a tranzar.

Cabe indicar que en nuestro país seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia de género cuyas causas, en mayor medida, tienen que ver con la mirada hacia la mujer como objeto sexual, hecho basado en gran parte en los mensajes, símbolos, significados y sistemas de lenguaje que se difunden a través de los medios de comunicación social.

En este contexto, resulta preocupante para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, las publicaciones reiterativas de contenidos sexistas contra las mujeres de forma sistemática y permanente, como lo es el caso de Diario Extra y otros impresos que circulan en el territorio nacional, que refuerza el estereotipo de la mujer como objeto de consumo sexual, erosionando así, su condición de sujeto de derechos y situándola en un espacio de inferioridad, desventaja y vulnerabilidad frente al género masculino y la sociedad.

Igual situación se presenta en el tratamiento de noticias de crónica roja relacionados con casos de violencia de género, cuando se privilegia acontecimientos sangrientos y escandalosos sin profundizar las causas o el contexto socio histórico del hecho o el seguimiento correspondiente a través del periodismo de investigación.

Estas acciones afectan el principio a la igualdad y no discriminación expresado en el artículo 11 de la Constitución de la República, así como el derecho a una vida libre de violencia; siendo el Estado responsable de prevenir, eliminar y sancionar aquellos actos, en especial contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y en general contra toda persona en situación de vulnerabilidad. Las prácticas de violencia son una conducta inconstitucional.

La inobservancia de la ley en el ejercicio periodístico compromete la mayor parte de las normas deontológicas contenidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, cuyo propósito es apoyar el ejercicio pleno de los derechos a la comunicación y la información.

Adicionalmente la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 62, prohíbe la difusión de contenidos discriminatorios; y, en el artículo 64, la Ley determina las medidas reparatorias que tengan lugar, en caso de inobservancia de los artículos prescritos.