Hacienda endurece el control del gasto ministerial y lo limita al 50% mientras no haya nuevos Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una serie de límites en el gasto para reforzar el control sobre el gasto del resto de ministerios durante el plazo en el que permanecen prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

La principal medida consiste en una limitación del gasto del 50% en el gasto corriente de los ministerios con respecto al crédito inicial concedido para el inicio del pasado año.

En el caso de sobrepasar ese límite, los Ministerios deberán pedir permiso al ministro Cristóbal Montoro para llevar a cabo el resto de actuaciones presupuestarias. Fuentes de Hacienda explican que la medida no supone ningún recorte con respecto al año pasado, sino un mecanismo de control que ya se aplicó el pasado año y que permite evitar que se desmadre el gasto público cuando el país no ha salido todavía del control de Bruselas.

El cambio se incluye en el acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que restringe la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8.

Se trata de los gastos destinados a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros, sobre los que los departamentos ministeriales no podrán tampoco aprobar ni comprometer nuevas partidas de expedientes ya iniciados una vez superado el 50 % del crédito inicial presupuestado.

El acuerdo, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre, exceptúa las transferencias corrientes destinadas a financiar las pensiones, las clases pasivas y las prestaciones de desempleo.

Asimismo, establece que “solo por causas excepcionales debidamente justificadas”, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, señala que esta norma entra en vigor el 1 de enero de 2018 y se extenderá hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y afectará a los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

FUENTE:http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/01/12/5a589514e5fdea5b198b45d8.html